La Corte Suprema de EE. UU. Bloquea el mandato de vacuna de Biden para las grandes empresas

El jueves, la Corte Suprema de EE. UU. bloqueó el mandato de vacunación o prueba de COVID-19 del presidente Joe Biden para las grandes empresas, una política que los jueces conservadores consideraron una imposición inapropiada en la vida y la salud de muchos estadounidenses, al tiempo que aprobó un requisito federal de vacunación por separado para las instalaciones de atención médica.

Biden expresó su decepción con la decisión del tribunal de mayoría conservadora de detener la regla de su administración que exige vacunas o pruebas semanales de COVID-19 para los empleados de empresas con al menos 100 empleados. Biden dijo que ahora depende de los estados y los empleadores decidir si requieren que los trabajadores “tomen el paso simple y efectivo de vacunarse”.

La corte estuvo dividida en ambos casos, centrándose en las regulaciones federales relacionadas con la pandemia en un momento de aumento de las infecciones por coronavirus impulsadas por la variante Omicron en una nación que lidera el mundo con más de 845,000 muertes por COVID-19.

Falló 6-3, con la mayoría de los seis jueces conservadores y la disidencia de tres jueces liberales, al bloquear la regla que involucraba a las grandes empresas, una política que se aplicó a más de 80 millones de empleados. La mayoría de la corte minimizó el riesgo que el COVID-19 representa específicamente en el lugar de trabajo, comparándolo en cambio con los peligros de contaminación y delincuencia “cotidianos” que enfrentan las personas en todas partes.

La votación fue de 5 a 4 para permitir la regla de los trabajadores de la salud, que exige la vacunación de unos 10,3 millones de trabajadores en 76.000 centros de atención médica, incluidos hospitales y hogares de ancianos que aceptan dinero de los programas gubernamentales de seguro médico Medicare y Medicaid para personas mayores, discapacitadas y de bajos ingresos. americanos. Dos conservadores, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts y el juez Brett Kavanaugh, se unieron a los liberales en la mayoría en ese caso.

En un comunicado, Biden dijo que la decisión de la corte que permite el mandato del trabajador de la salud “salvará vidas” y su administración lo hará cumplir. Los trabajadores deben estar vacunados a finales de febrero.

El tribunal escuchó los argumentos el viernes pasado en la lucha legal por los mandatos temporales emitidos en noviembre por dos agencias federales con el objetivo de aumentar las tasas de vacunación de EE. UU. y hacer que los lugares de trabajo y los entornos de atención médica sean más seguros. Los casos pusieron a prueba los poderes presidenciales para abordar una creciente crisis de salud pública.

En un fallo sin firmar, el tribunal dijo que la regla que afecta a las grandes empresas, emitida por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), no era un uso ordinario del poder federal.

“En cambio, es una invasión significativa en la vida y la salud de una gran cantidad de empleados”, dijo el tribunal.

“Permitir que OSHA regule los peligros de la vida diaria, simplemente porque la mayoría de los estadounidenses tienen trabajo y enfrentan esos mismos riesgos mientras trabajan, expandiría significativamente la autoridad reguladora de OSHA sin una autorización clara del Congreso”, agregó el tribunal.

Los retadores encabezados por el estado de Ohio y la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB), que representa a los empleadores, pidieron a los jueces que bloquearan la regla de OSHA después de que un tribunal inferior levantara una orden judicial en su contra. Se suponía que las empresas comenzarían a demostrar que estaban en cumplimiento a partir del lunes pasado.

En desacuerdo, el juez Stephen Breyer escribió en nombre de los jueces liberales que la decisión “obstaculiza la capacidad del gobierno federal para contrarrestar la amenaza sin precedentes que representa el COVID-19 para los trabajadores de nuestra nación”.

‘Alivio por la medida’

“La decisión de hoy es un alivio bienvenido para las pequeñas empresas de Estados Unidos, que todavía están tratando de volver a encarrilar sus negocios desde el comienzo de la pandemia”, dijo Karen Harned, directora ejecutiva del brazo legal de la NFIB.

El tribunal superior bloqueó una decisión del 17 de diciembre del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de los Estados Unidos con sede en Cincinnati que había permitido que el mandato entrara en vigencia.

En el caso de las instalaciones de atención médica, la mayoría compuesta de manera diferente del tribunal concluyó que la regulación “encaja perfectamente” dentro del poder que el Congreso le confirió al gobierno para imponer condiciones a los fondos de Medicaid y Medicare, que incluye políticas que protegen la salud y la seguridad.

“Después de todo, garantizar que los proveedores tomen medidas para evitar transmitir un virus peligroso a sus pacientes es consistente con el principio fundamental de la profesión médica: primero, no hacer daño”, dijo el tribunal.

Cuatro jueces conservadores discreparon de la decisión del centro de atención médica y concluyeron que el Congreso no le había otorgado a la agencia federal la autoridad para exigir vacunas para millones de trabajadores de la salud. En disidencia, el juez Samuel Alito dudó de que la agencia pueda “poner a más de 10 millones de trabajadores de la salud a elegir entre sus trabajos o un tratamiento médico irreversible”.

Los jueces levantaron las órdenes de los jueces federales en Missouri y Louisiana que bloqueaban la política en 24 estados, lo que permitió que la administración la aplicara en casi todo el país. La ejecución fue bloqueada en Texas por un tribunal inferior en un litigio separado que no está en discusión ante la Corte Suprema.

Gerald Harmon, presidente del grupo de médicos de la Asociación Médica Estadounidense, dijo que aunque está complacido de que la corte haya permitido el mandato del trabajador de la salud, también se necesita una regla más amplia en el lugar de trabajo.

“La transmisión en el lugar de trabajo ha sido un factor importante en la propagación de COVID-19”, agregó Harmon. “Ahora más que nunca, los trabajadores en todos los entornos del país necesitan protecciones de sentido común y basadas en evidencia contra la infección por COVID-19, la hospitalización y la muerte”